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El Ayuntamiento de Valladolid aprueba una nueva convocatoria de incentivos a la movilidad eléctrica

La Junta de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado una nueva convocatoria de incentivos destinada a empresas de reparto y comerciales con alto impacto en la movilidad de la ciudad, para la adquisición de flotas de vehículos eléctricos, que se ve favorecida además por la extensa red de infraestructuras de recarga de tecnología totalmente actualizada de la que ya dispone, nada menos que 86 puntos de recarga promovidos desde el propio Ayuntamiento.

El éxito de las dos primeras en el marco del proyecto europeo REMOURBAN, cofinanciado por fondos europeos H2020, ha animado al Consistorio a lanzar esta nueva edición. Se trata de un mecanismo útil para seguir actuando en el campo de la movilidad eléctrica y conseguir un despliegue masivo de flotas eléctricas en la ciudad.

Como en la ocasión anterior, la fórmula seguida es la de licitación, en procedimiento abierto en pública concurrencia, para la adhesión a un Acuerdo Marco por el que se retribuye la cesión de datos de uso de los vehículos eléctricos e instalaciones de recarga de sectores. Los destinatarios son empresas de reparto y última milla o con flotas comerciales con notable impacto en la movilidad de la ciudad. Para concurrir es necesario disponer de un vehículo eléctrico adquirido con posterioridad al 1 de enero de 2019 bien sea mediante compra o en régimen de leasing o renting, y podrán responder bien a una sustitución de otro vehículo de la flota o a una nueva incorporación. Deberán disponer de una instalación privada de recarga asociada al vehículo.

El Ayuntamiento destinará 350.000 euros de fondos exclusivamente municipales a esta licitación, procedentes del presupuesto de la Concejalía de Hacienda y Promoción Económica y gestionados a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. Con ellos se retribuirán los servicios de cesión de datos e información que tendrán que prestar los adjudicatarios para conocer el uso del vehículo y su impacto en la movilidad de la ciudad mediante la cumplimentación de encuestas, participación en acciones de información y comunicación, etc. Los contratos para prestar los mencionados servicios de cesión de datos, formalizados según precio de adjudicación, prevén una retribución máxima de 6.000 euros, IVA incluido, por cada contrato que se suscriba asociado a un vehículo eléctrico tipo turismo o superior, y de 2.000 euros, como máximo, en el caso de motos eléctricas, una de las novedades que presenta esta convocatoria respecto a la anterior.

La dotación económica de esta convocatoria permitirá conceder un máximo de cincuenta incentivos para coches y furgonetas, y veinticinco motos, con sus correspondientes infraestructuras de recarga.

Estas ayudas para la compra de vehículos eléctricos son compatibles con el programa estatal de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) recientemente aprobado, lo que redunda en la posibilidad de un importante ahorro en la adquisición de un vehículo eléctrico.

La información obtenida a través de estos contratos es muy valiosa para conocer el impacto y las necesidades de movilidad en la ciudad. Así, los servicios que proporcionen las empresas de reparto -adheridas al Acuerdo Marco- servirán de instrumento de referencia para otras actuaciones relativas a los planes de movilidad urbana en Valladolid, en particular en lo que se refiere a la definición, gestión y ordenación de los sistemas tanto de la logística urbana de mercancías como de los espacios de estacionamiento para un uso del vial urbano y metropolitano de Valladolid más sostenible, eficiente y seguro.

De esta forma, las concejalías de Hacienda y Promoción Económica, y de Seguridad y Movilidad, trabajarán conjuntamente a favor de una movilidad más sostenible que reduzca ruido y emisiones, y permita una mejor ordenación y mayor optimización del uso de las zonas de carga y descarga así como de la infraestructura de recarga pública, todo ello buscando una ciudad más saludable, una mayor calidad y eficiencia de los servicios públicos municipales, redundando en la mejora de la satisfacción de los usuarios y el bienestar de los ciudadanos en general.

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